Por qué preocupa el futuro del TPS y se habla de la deportación de 260,000 inmigrantes

Hay varios frentes con respecto al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), incluida la reciente aprobación para los inmigrantes de Etiopía y la presión para ampliar la regulación para gente de Venezuela, pero hay un caso que ha desatado alertas: Ramos v. Mayorkas, del cual se esperaba una negociación que terminó en el fracaso.

Después de 16 meses fallaron las negociaciones entre el Gobierno del presidente Joe Biden y los demandantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Nepal y Honduras, lo que podría poner en camino a la deportación a 260,000 inmigrantes con TPS, además de dejar en riesgo a sus familias estadounidenses.

Esta demanda inició en 2018, con la Administración de Donald Trump, a quien se pidió extender las protecciones para los primeros cuatro países de los mencionados, pero con el presidente Biden se siguió en esa misma línea sin acuerdo alguno.

El presidente Biden debe actuar de inmediato para deshacer las terminaciones racistas de TPS de Trump y garantizar la protección de los titulares de TPS”, consideró Emi MacLean, abogada sénior de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del norte de California, que representa a los demandantes.

Un éxito de la demanda fue que un juez de Distrito determinó que el fin del programa –decidido por Trump— era ilegal. El Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito estuvo dividido, pero no ha tomado una decisión final.

En tanto, los demandantes abrieron negociaciones con la Administración Biden, las cuales no llegaron a buen puerto.

“Estamos profundamente decepcionados de que la Administración Biden haya optado por defender las decisiones de terminación de la era Trump, poniendo así a cientos de miles de familias en riesgo de separación”, dijo Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de UCLA, que también representa a los demandantes.

Erasmo Ramos, hondureño titular del TPS y líder de la Alianza Nacional del TPS, advirtió que la decisión pone en riesgo de deportación a 260,000 personas, pues el programa los protegerá hasta una fecha determinada a finales de este año.

Quién inició la batalla

Aunque la demanda es parte de un esfuerzo colectivo, Cristina Morales y su hija Crista Ramos se convirtieron en las principales demandantes, por ello el caso es identificado como Ramos v. Nielsen primero y Ramos v. Mayorkas después.

La querella incluye a 14 demandantes que representan a titulares de TPS de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, así como a sus hijos ciudadanos estadounidenses, pero luego se sumaron aquellos de Nepal y Honduras.

“Cuando el presidente Biden llegó a la Casa Blanca, tenía la esperanza de que cambiaría las políticas que dejaban vulnerables a los titulares de TPS. Eso no ha sucedido”, lamentó Elsy Flores de Ayala, una las demandantes, de 20 años, y líder en la Alianza Nacional TPS.

Varias organizaciones más forman parte de la alianza que defiende a los llamados “tepesianos”, como Unused Workers United que buscan la reasignación del TPS, lo cual permitiría incluir a más personas en el programa y continuar con la protección de quienes ya se encuentran bajo el mismo.