Una interpretación de las capturas recientes en El Salvador

agentes de la Fiscalía de El Salvador y de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron a directivos de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) y representantes comunales de la población campesina de Santa Marta, que por años se enfrentaron a poderosos intereses mineros extranjeros en el departamento de Cabañas. El Gobierno de El Salvador les imputa el asesinato de una supuesta informante del Ejército hace 40 años.  Paradójicamente, el enclave de Santa Marta se formó con desplazados de guerra que a mediados de los ochenta dejaron el centro de refugiados de Mesa Grande, en Honduras y retornaron a El Salvador resueltos a reclamar su terruño. Durante aquella guerra de más de diez años, vastas comunidades fueron barridas a sangre y fuego por el Ejército de El Salvador y organizaciones paramilitares como ORDEN. La Comisión de la Verdad de la ONU que investigó los crímenes de guerra ocurridos en el conflicto salvadoreño documentó con abundante información la represión gobiernista librada contra los pobladores de ese departamento. A tres décadas de la finalización del conflicto, esos crímenes siguen en la impunidad.

Las personas capturadas en Santa Marta fueron imputadas por el ministro de Seguridad del Gobierno de afiliación a “asociaciones ilícitas”, una fórmula que bajo el Estado de Excepción creado por el presidente Nayib Bukele, se utiliza para acusar a las personas de vinculación con las pandillas. Además de constituir una acusación grave, se utiliza al antojo. Un elemento de la PNC que recientemente participó en la captura de una sindicalista que reclamaba el pago de dos meses de salario atrasados, lo reflejó así: “El cargo es lo de menos”.  Las acusaciones contra los comuneros de Santa Marta no se han quedado sin respuesta. “Conocemos a la comunidad de Santa Marta desde los años 1987 y 1988, cuando les acompañamos de manera pastoral y solidaria en su retorno de los refugios”, reza un comunicado de la Iglesia Bautista Emmanuel difundido este lunes. La ADES ha sido un elemento de progreso para los sanmarteños gracias a sus iniciativas en los campos de la educación, el trabajo productivo, la salud,  el trabajo con los jóvenes y la defensa del agua y el medio ambiente, afirma esa iglesia bautista. Entonces, ¿cuál podría ser el contexto de la reciente acción judicial contra los comuneros? Según los pobladores de Santa Marta, hay que remitirse a los primeros años de este siglo, cuando esa comunidad se alineó contra poderosos intereses mineros que querían abrir explotaciones en Cabañas en detrimento de los mantos acuíferos y la salud. Esa histórica campaña contra la minería condujo a la aprobación gubernamental de una moratoria sobre este tipo de explotaciones y en 2009, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador ganó el Premio Internacional Letelier-Moffitt de Derechos Humanos. Cinco de los líderes capturados por el Gobierno encabezaron ese movimiento de resistencia, como reconocieron esta semana las organizaciones convocadas al III Encuentro Continental por el Agua y Crisis Climática, Cuenca-Ecuador.

Leonel Rivas, un comunero de Santa Marta, aseguró recientemente a la periodista Gloria Silvia Orellana, del diario CoLatino, que las imputaciones contra sus compañeros guardan relación con un intento por reactivar la minería en Cabañas.  “En este momento hay personas del Perúì que trabajan para una empresa china, y se están reuniendo con miembros de la localidad, diciéndoles que la minería les traerá beneficios”, dijo a Orellana el ambientalista Ricardo Navarro.